Diputados aprobó la ley de responsabilidad del Estado

Con 129 votos afirmativos, 105 negativos y dos abstenciones, la Cámara baja convalidó y giró al Senado la iniciativa que impulsa el Ejecutivo.

Luego de casi diez horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó, y giró al Senado, el proyecto de ley que regula las demandas civiles contra el Estado Nacional, donde se determina que estos pleitos deberán ser resueltos por el fuero Contencioso Administrativo.

La propuesta, que en la votación en general recibió 129 votos afirmativos, 105 negativos y dos abstenciones, recién será tratada en la Cámara alta en el período ordinario del próximo año, según lo anticipado la semana pasada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

En otro orden, Diputados se preparaba para continuar con el debate del proyecto de reforma de la ley de Impuestos Internos, que prevé una fuerte alza en las tasas impositivas para los autos de alta gama, embarcaciones y aviones, entre otros bienes de lujo.

El bloque del Frente para la Victoria, presidido por Juliana Di Tullio, logró iniciar el tratamiento del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, luego de haber conseguido junto a sus aliados, el quórum necesario para habilitar esta sesión especial.

El oficialismo reunió 133 diputados con la ayuda del Frente Cívico de Santiago del Estero, Nuevo Encuentro, Movimiento Popular Neuquino, el Partido Justicialista de La Pampa, dos salteños, un ex radical correntino, Compromiso Federal que responde a los hermanos Rodríguez Saá, y el diputado fueguino y senador electo Jorge Garramuño.

En su articulado el proyecto establece que las disposiciones del Código Civil no se pueden aplicar al Estado de “manera directa o subsidiaria” y establece que las demandas deberán estar sujetas a los fueros específicos como el Contencioso Administrativo. Asimismo, señala que la sanción pecuniaria “disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y sus funcionarios” y se exime de responsabilidad al Estado “por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial” y cuando “el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero”.

El debate fue abierto por la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, quien señaló que con este marco regulatorio “se da un salto cualitativo en el estado social del derecho que se ha fundado hace una década”, porque se otorgan “más tutela a los derechos de los ciudadanos administrados” por el poder público.

Al exponer sobre la iniciativa que establece que el fuero Contencioso Administrativo se abocará a los conflictos entre el Estado y los particulares, Conti señaló que con esta propuesta también se apunta a evitar la acción “de la ambición de la patria pleitera que tanto ha agraviado a esta Nación”.

La legisladora kirchernista recordó que el Código Vélez Sarsfield “no se refería a la responsabilidad patrimonial del Estado” sino de los funcionarios y que por primera vez “habrá marco regulatorio que llenará una laguna normativa” para reparar “el daño o inactividad” del poder público.

Además, anunció dos reformas del dictamen para extender hasta tres años en lugar de dos años como establecía el despacho el plazo de prescripción de las causas contra el Estado y sus funcionarios, y otra para incorporar al artículo nueve que se podrá acusar por culpa y no sólo por dolo al agente estatal por el daño que haya causado.

Ahora este artículo quedará redactada de esta manera: “la actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hacen responsables de los daños que causen”.

Desde la oposición, el presidente del bloque radical, Mario Negri, dijo que “promover esta iniciativa no es propia de quien dice defender los derechos humanos” y que “consagra una desigualdad jurídica irritante al romper con el principio de la igualdad ante la ley”.

En tanto que su compañero de bancada, Juan Tunessi se quejó de que el oficialismo le haya dado un trámite “exprés” y en ese marco justificó el rechazo de la UCR a la unificación de los códigos que está analizando el Senado Nacional.

El titular del bloque PRO, Federico Pinedo, indicó en su discurso que “es imposible pensar que el Estado no va a responder por el lucro cesante, como impulsa este proyecto, porque esas cosas no se pueden plantear en un Estado democrático”.

Por el bloque Frente Renovador, Felipe Solá apuntó contra el argumento del oficialismo que habla de que el proyecto va en contra de la patria pleitera: “Si eso existiera es porque existe una patria dentro del Estado que juega para los pleiteros, que son responsabilidad de los funcionarios políticos del Estado. No hay patria pleitera sin patria traidora dentro del Estado que le abre la puerta”.

A su vez la diputada Elisa Carrió señaló que “la ley que propiciamos es derecho de fondo y establecemos la responsabilidad integral del Estado y por esa misma razón votamos la indemnización a los presos políticos y la nulidad de las leyes de impunidad”, y apuntó que “el derecho público subjetivo, es lo que tengo frente al Estado, y que el Estado los debe garantizar”.

En el cierre del debate, el vicepresidente del bloque kirchnerista, Pablo Kosiner respondió a los cuestionamientos morales hacia su bloque esgrimidos por los bloques opositores:”¿Quiénes nos van a medir la ética republicana?, los radicales que impusieron el corralito, los ex funcionarios que fueron votados por las `bondades de este Gobierno` y que ahora pertenecen al massismo; los dirigentes del Pro cuyo jefe político, Mauricio Macri, está procesado en una causa por escuchas ilegales?”.

Fuente: Minuto1.