La Corte escuchó argumentos por la Ley de Medios

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Aquí mirá el debate completo. La corte pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves a las 10.

El integrante del CELS, Horacio Verbitsky habló de “una escandalosa paralización judicial” de la Ley en estos años, y el abogado de Clarín, Grossman, fundamentó su postura en “un informe de un joven pasante”. Hubo una gran manifestación de apoyo frente a Tribunales.

Las diez ONGs que se presentaron por el Estado y por el Grupo Clarín como “amigos de la Corte” ofrecieron ante el máximo tribunal sus exposiciones, que dispuso un cuarto intermedio hasta las 10 hs del jueves.

La Corte Suprema deberá definir la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunciación Audiovisual, aunque aún no estableció fecha para dicha resolución. Frente a los tribunales, hubo una gran manifestación de organizaciones y militantes.

La audiencia comenzó a las 10 en el cuarto piso del edificio de Tribunales, en donde en este orden, se escucharon las disertaciones.

El primero en asumir la defensa de los intereses de Clarín fue Asdrúbal Aguiar, integrante del Observatorio Iberoamericano  de la Democracia. Aguiar admitió que “el Estado tiene la potestad de administrar éter radioeléctrico, pero no puede impedir el crecimiento, desarrollo o viabilidad económica de los medios”. 

Enseguida, tomó la palabra Beinusz Szmukler, por la Asociación Argentina de Juristas, quien defendió la norma y acusó a Clarín de participar del concierto “de desinformación mundial”. Recordó que “esta Corte ya declaró que la norma no es inconstitucional”, y pidió para que se aplique la Ley porque “sólo así se dará un impulso fenomenal a una verdadera democracia”.

Y destacó: “Los monopolios constituyen una discriminación de hecho al impedir a todos la posibilidad de acceder a los medios y violan el principio de igualdad real. Igualar a los desiguales ensancha la desigualdad existente”.

 

 

El tercer orador fue el representante de la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión  Pagada para Iberoamérica, Eduardo Oteiza, en contra de la nueva Ley. Su exposición se basó en el entrecruzamiento de señales y titularidades, claramente en contra de la norma.

Luego, fue el turno del rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta, quién de entrada señaló: “Democratizar la palabra es defenderla de aquel que quiera arrogársela para sí”.

“No puede alegarse razón económica que ponga en riesgo la libertad de expresión”, dijo y advirtió que hubo “al menos 70 proyectos de Ley para regular” esta actividad. “Los artítuclos 1 y 3 señalan la promoción, desconcentración y fomento de las nuevas tecnologías de la comunicación”, concluyó.

 

 

Otra vez en defensa del Multimedio fue la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR). Su orador, Luis Pardo, dijo: “Representaría un grave retroceso para la libertad de expresión la entrada en vigencia” de ley. Y Carlos Laplacette, de Adepa, señaló que “controlar las señales y contenidos es restringir”.

Después fue el turno del rector de la Universidad de Lanús, Victor Abramovich. “Para quienes impugnan la ley, cualquier norma del Estado nace como sospechada”, analizó.

Andrés Gil Domínguez, de CODELCO -Comité del Consumidor-, expuso que “si la ley tuvo la intención de fomentar la libertad de expresión” y la multiplicidad de voces “con algunos artículos no lo logró”.

 

 

El representante de la Confederación de Cooperativas de la República Argentina, Miguel Rodriguez Villafañe, fustigó: “El pluralismo es una necesidad de la democracia no del mercado”. Señaló que “por 29 años se le ha marginado la palabra y la libertad de expresión a todo el sector cooperativo y sin fines de lucro. Incluso, hasta perdimos espacios”. Y argumentó pormenorizadamente por qué las “cooperativas dependen de la venia de Clarín”.

Lucas Grossman, director del Departamento de Derecho y de la carrera de Abogacía de la Universidad de San Andrés citó un informe preparado por un joven pasante. “No confundir multiplicidad con pluralidad”, dijo, y admitió: “Siempre será cierto que el gobierno gozará del control publicitario por más estricto que sea el poder judicial”. El abogado se recostó en la teoría del bien adquirido: “Si el bien fue adquirido de manera legal, no puede ser obligado a desprenderse de él”.

Por el CELS, Horacio Verbitsky habló de “una escandalosa paralización judicial” de la Ley en estos años, y de que en el lugar habría “partisanos infiltrados”. Luego fue el turno también por la Comisión del especialista Damián Loretti, quien se amparó en derechos internacionales y la exposición y el respaldo de los distintos organismos a la Ley.

A su turno, la defensora del Público Cinthia Ottaviano, fustigó: “La información pertenece al público, no a una empresa”, y “si uno grita y los demás susurran no hay elección posible”. Luego, leyó mensajes de usuarios de todo el país que le enviaron a su defensoría.

Ottaviano leyó varios mensajes y quejas de usuarios en los que manifestaban su padecer por “estar a merced del monopolio” en la mayoría de las ciudad y pueblos del país”.

La ex periodista de Radio Nacional fue el único expositor que arrancó aplausos, al emplear un tono que reforzó su oratoria cuando remarcó sus fundamentos, por cierto, clarísimos en cuanto a la postura de los usuarios.

El Centro de Estudios en Derecho y Economía, de la Facultad de Derecho  de la UBA, representado por Juan Vicente Sola, tuvo su posibilidad. “Existe un monopolio constitucional, que es el Estado”, dijo sin ruborizarse, y dijo: “La libertad de expresión crea inseguridad en el gobernante”.

Por último, fue el turno de Alejandra Gils Carbó, la Procuradora General de la Nación, quién enumeró en detalle el alcance de los medios del Monopolio, y se preguntó “¿cómo estamos a cuatro años, debatiendo aún una Ley que fue votada por una amplia mayoría en el Congreso y que cuenta con un gran respaldo popular”.

“Una de las falacias de Clarín es presentar este debate como una disputa entre un Gobierno y una empresa”, aclaró.

Gils Carbó expuso: “La sentencia de la Cámara eludió analizar la consideración de los bienes sociales en juego”. Y sumó: “La piedra angular fue la adquisición de la única planta generadora de papel (por Papel Prensa) y siguió con la violación de derechos, y siguió con la venia de gobiernos democráticos”. Y todo eso gracias a “el poder de lobby extorsivo”.

Y le pidió a la Corte que “valore el peso real de un Multimedio que no quiere desinvertir y el derecho y soberanía de un pueblo”. Gils Carbó reclamó necesario “hacer cumplir la libertad de expresión y para eso se requiere recibir una información amplia y que se garantice en forma amplia la comunicación democrática”.

Cada ONG dispuso de 15 minutos para exponer sobre aspectos  específicos de los puntos de la norma que siguen bajo controversia: el  límite a la cantidad de licencias, la utilización del espectro  radioeléctrico, la posición dominante en el mercado de la TV de pago y, sobre todo, la cláusula de desinversión que permanece todavía frenada  judicialmente por el Grupo Clarín.

 

Vaivenes de una Ley

La ley fue aprobada en 2009 por el Congreso, pero una medida cautelar otorgada a Clarín dejó sin efecto dos de sus artículos, el 45 y el 161, que regulan las transferencias de licencias y los plazos de aplicación, y, por esa razón, aún quedó trunca la aplicación plena de la norma.

Ese planteo generó cinco pronunciamientos de la justicia: cuatro de ellos a favor de la constitucionalidad de los artículos (fiscal de primera instancia, juez de primera instancia, fiscal de la cámara y Procuración General de Justicia de la Nación) y el restante avaló la inconstitucionalidad (Cámara).

A partir de esto, el gobierno solicitó a la Corte que se pronuncie, haciendo uso del per saltum, y, se presume, que la audiencia convocada por el alto tribunal  será el último paso antes de emitir un fallo.

La audiencia contó con la presencia de 126 periodistas de diferentes medios nacionales e internacionales.

Fuente: Diario Registrado

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