Media sanción al proyecto de ley para realizar rinoscopias anuales a funcionarios

El senador por Concordia, Enrique Cresto, logró que se de media sanción al proyecto de ley de su autoría que establece que funcionarios, legisladores y jueces de Entre Ríos deberán realizarse controles sanitarios psicofísicos y hasta una rinoscopia anual.

 

Ayer se realizó la segunda sesión ordinaria del 136º Período Legislativo y recibió media sanción (ingresó también este martes) un proyecto de ley, del senador de Concordia, Enrique Cresto, que propone la aplicación de un examen de Aptitud Psico- física de funcionarios en los tres poderes del Estado entrerriano”.

La iniciativa establece que los estudios se realizarán una vez al año mientras dure la gestión del funcionario y se deberán cumplimentar los siguientes requerimientos: examen psiquiátrico, rinoscopía, análisis de orina completo y análisis de sangre completo.

“Nos hacemos responsables de un nuevo modo de llevar adelante políticas públicas de lucha contra el narcotráfico, lo que está reflejado en la ley 10.329 (Ley de Narcomenudeo)”, afirmó Cresto.

Enrique Cresto
Senador Enrique Cresto

Dijo que la propuesta se da en el marco de tensiones generadas por este proceso que “intenta ir de frente para terminar con un flagelo que hiere profundamente nuestra sociedad”.

Advirtió que “se va a seguir hasta la última instancia para llevar a buen puerto el proceso de desfederalización de la lucha contra el narcotráfico”.

“En política hay que pregonar con el ejemplo”, dijo el legislador”, y expresó: “Tal vez a muchos no les guste, pero hay que sentir y actuar en el modo que nos pide la sociedad. Los gobernantes que están al frente de los Estados o son parte de los diferentes poderes, deben servir a los intereses del pueblo y observar una conducta destacada, ya que el valor de esa conducta es parte del modo con el que llevará adelante sus actos en la cosa pública”.

 

Fundamentos

A la hora de explicar los motivos por los que pedirá a sus pares la aprobación de la norma, el senador Cresto consideró que “es necesario que la ciudadanía de la Provincia de Entre Ríos tenga un mecanismo legal transparente de control, que asegure que los funcionarios públicos de las jerarquías superiores de los tres poderes del Estado, que ocupan roles institucionales trascendentes para combatirlo, no estén atrapados como ‘víctimas de las redes de narcotráfico’, porque eso atenta directamente contra la función específica”.

Para el autor del proyecto “el consumo de sustancias ilegales de por sí demuestra que la persona está en una relación comercial o de amistad (ya sea porque se le provea en forma gratuita u onerosa las sustancias cuya circulación es ilegal), con algún delincuente o bandas de delincuentes, proximidad que es evidentemente dañina según las máximas del sentido común y de la experiencia, para los intereses colectivos, que le obstaculiza notablemente y en forma grave su desempeño laboral”.

Sanciones

La norma impulsada por el senador concordiense sostiene que cuando los estudios determinen un “posible deterioro adictivo”, el funcionario en cuestión “será pasible de ser afectado al cargo otorgado”, es decir separado del cargo aunque “respetándose su privacidad personal”. A la vez, agrega que deberá “someterse y comprometerse a un tratamiento de rehabilitación”.

En este punto aclara que “no es de carácter punitivo el Proyecto, dado que indica, en cuidado de la propia persona que presenta la adicción y del resto de la comunidad, que debe ser apartado del cargo, derivado a tratamiento específico que se lo debe proveer el Estado y una vez dado de alta por el Equipo Interdisciplinario tratante, asumir nuevamente su función y someterse a los rigurosos controles periódicos”.

Fuente: Agencia de Noticias Apf.

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