Se conoció el nombre del funcionario que mató a Rafael Nahuel

El disparo mortal lo realizó un miembro del grupo Albatros, cabo primero Francisco Javier Pintos.

Santiago Rey, elcohetealaluna.com

Por primera vez se publica el nombre del integrante del grupo Albatros que realizó el disparo mortal contra el joven mapuche, en Villa Mascardi. Más de seis meses después del homicidio, el juez Villanueva rechaza citar a indagatoria a los uniformados que protagonizaron la cacería contra la comunidad, el pasado 25 de noviembre. Fueron 114 disparos de armas cargadas por el nuevo modelo represivo.

Pasadas las 16 horas del 25 de noviembre de 2017, el cabo primero de Prefectura Naval Argentina e integrante del grupo Albatros, Francisco Javier Pintos, ingresó junto a otros cinco uniformados al territorio de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, a 45 kilómetros de Bariloche.

Aproximadamente a mil metros de la tranquera —ubicada en la ruta 40— los Albatros encontraron a un grupo de integrantes de la comunidad. Dieron la voz de “alto” y segundos después comenzaron a tirar. El cabo primero Francisco Javier Pintos fue el que más veces lo hizo: realizó unos 40 disparos con sus armas, una pistola Beretta y un subfusil MP5.

Según pudo reconstruir El Cohete a la Luna, una de las balas 9 milímetros del MP5 —identificado con el número de serie B 05-C335508— alcanzó a Rafael Nahuel. El proyectil ingresó por su glúteo izquierdo y le provocó un “shock hipovolémico por lesiones de los orgános y tejidos que provocaron una hemorragia de aproximadamente 4 litros de sangre, alojada en cavidad torácica y peritoneal”, según el informe de la autopsia firmada por dos médicos forenses.

De acuerdo al conteo de las municiones faltantes en los cargadores, el cabo primero Francisco Javier Pintos recargó sus armas en por lo menos cuatro oportunidades.

No fue el único. En las actas labradas se constata que de los seis efectivos que ingresaron al territorio —dos de ellos lo hicieron con posterioridad al primer grupo—, cinco tenían sus cargadores incompletos, es decir habían efectuado disparos. Además de Pintos, también dispararon el marinero Sergio Damián García; el cabo segundo Carlos Valentín Sosa; el cabo primero Sergio Guillermo Cavia —cuyo proyectil quedó en la recámara—; el cabo segundo Juan Ramón Obregón; y el ayudante segundo Eric Fabián Blanco.

Del recuento de proyectiles faltantes en los cargadores surge que los prefectos habrían efectuado 114 disparos.

Fue una cacería. Fue una tragedia. Pudo haber sido una masacre.

Indagatoria denegada

Los datos surgidos en las pericias, testimonios y la inspección ocular del pasado 7 de diciembre descartan la teoría del enfrentamiento, instalada por el Gobierno nacional a través de un comunicado y posterior conferencia de prensa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La funcionaria brindó una explicación delirante: habló de tácticas militares de defensa por parte de los mapuches y de árboles arrancados de cuajo por el calibre de las armas que dispararon.

Ni una cosa ni la otra. Ante el ataque, los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu y otros mapuches que los acompañaban corrieron montaña arriba de manera desordenada, y en un primer claro que encontraron comenzaron a tirar piedras a los prefectos que los atacaban. Así surge con claridad de los testimonios aportados, entre otros, por Fausto Jones Huala, quien junto a Lautaro González bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel y luego fueron detenidos.

Y así se constata, además, en las declaraciones como testigos ante el juez Gustavo Villanueva de 15 integrantes de Prefectura que estuvieron en el lugar. Se trata de los uniformados que no ingresaron a la comunidad ni efectuaron disparos y que ya fueron citados a dar su versión.

Ninguno de ellos sostuvo la historia oficial del enfrentamiento, más allá de asegurar que escucharon pedir apoyo a alguno de sus compañeros que habían ingresado a la comunidad.

El único que insistió en la posibilidad de que los Albatros hubieran sido víctimas de disparos fue el Jefe de Prefectura en Bariloche, Prefecto Principal Leandro Ruata. Ante el Juez “dijo que le dijeron”, pero no recordó quién. Poco para sostener esa versión en el expediente.

Con este escenario de pruebas y testimonios, y a la espera de la información oficial del resultado de pericias clave como la comparación de la bala extraída del cuerpo de Rafael con los proyectiles testigos de las armas secuestradas a los uniformados, las abogadas Julieta Wallace y Sofía Bordenave reclamaron hace 15 días al juez Villanueva que proceda a citar a declaración indagatoria y detener a los seis Albatros comprometidos, con el objetivo de que no entorpezcan la investigación ni se den a la fuga.

Pero Villanueva no sólo rechazó el pedido, sino que además sostiene la carátula original de la causa: “Jones Huala, Fausto Horacio y otro S/ muerte por causa dudosa, usurpación y atentado agravado por más de tres personas”. En el expediente los únicos imputados son los jóvenes mapuches Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes bajaron el cuerpo de Rafael hasta la ruta en una improvisada camilla.

“Estimo que para la ejecución de las indagatorias solicitadas —respondió el magistrado— es prudente aguardar los resultados de diversas diligencias probatorias ordenadas en el presente sumario, entre otras, las experticias encomendadas a fs.263/8 apartado IV (“pericia balística”) y 1075/6 (“interpretación del informe técnico elaborado por la CNEA”). Así las cosas, tendré presente lo requerido y estaré a la producción de las mismas, a fin de expedirme —con mayores elementos— sobre lo peticionado por esa parte”, concluyó Villanueva ante el pedido de las abogadas.

En esa línea de acción, a partir de la nota ahora publicada por este medio, Villanueva ya no debería encontrar argumentos para demorar la detención del cabo primero Francisco Javier Pintos.

En las últimas dos semanas se produjo un complejo movimiento en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel. Las abogadas Julieta Wallace y Sofía Bordenave —bajo el auspicio y apoyo de la CTEP— asumieron la representación de la familia en el complejo inicio de la causa, y lograron que se concreten todas las medidas de prueba que hoy permiten determinar la responsabilidad del Albatros Pintos como autor material del hecho.

A pesar de la marcha favorable de la causa y el establecimiento de una mesa de diálogo que logró pacificar la zona, ambas abogadas pusieron a disposición su renuncia luego de la intervención de terceros que hace pocos días se acercaron a la familia de la víctima.

Finalmente el padre de Rafael, Alejandro Nahuel, decidió reemplazar a las abogadas y nombrar como representantes a los letrados Marcos Miguel y Estanislao Cazaux, ligados a sectores conservadores de la política local barilochense.

La tarea de Wallace y Bordenave fue ad honorem, mientras que se desconoce quien abonará el trabajo de Miguel y Cazaux, aunque en ámbitos tribunalicios se sospecha de fondos de la política nacional.

El delito de ser mapuche

Oficialmente el nombre del cabo primero Francisco Javier Pintos como responsable del disparo letal —que en esta nota se adelanta en exclusiva—, se dará a conocer el próximo viernes.

Esa información, así como los datos complementarios del contexto en el cual se dio el ataque de Prefectura dentro de la comunidad, tal vez permitan evitar que Fausto Jones Huala y Lautaro González vuelvan a la cárcel, tal como pretende la Sala III de la Cámara de Casación, integrada por Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Carlos Mahiques. En una resolución con planteos inquisitorios y ausencia absoluta de nuevas pruebas que modifiquen los argumentos de la excarcelación otorgada a Jones Huala y González cuatro días después del hecho, esa Cámara pretende volver a detener a los dos jóvenes mapuche.

Tal como se informó en este medio, el juez Riggi planteó que los mapuches son “un grupo de personas que resiste la autoridad de manera armada, con violencia”, y sin tener en cuenta los resultados de todas las investigaciones, testimonios y pericias existentes en el expediente, arriesgó que los mapuches “atacaron” a los miembros de la Prefectura Naval que ingresaron al territorio.

Riggi asoció la existencia de grupos de autodefensa del pueblo mapuche con un atentado contra el orden democrático, y consideró que el simple hecho de pertenecer a esa organización es motivo suficiente para privarlos de su libertad.

Una resolución que sólo puede darse en un contexto de estigmatización del pueblo mapuche y de su reclamo de reconocimiento.

Contexto fertilizado por títulos como el del 8 de febrero del diario Clarín: “Autopsia al mapuche muerto en Mascardi: le habrían encontrado restos de pólvora en la mano”, publicó con información falsa probablemente procedente del mismo ministerio de Seguridad.

Tras ese artículo el Instituto Balseiro debió aclarar que la pericia no se estaba realizando en sus dependencias; y que, por información del Centro Atómico, el estudio aún no había arrojado resultados.

Contexto inflamado además por, entre otros aportes, el “Informe R.A.M.” presentado por Bullrich el 20 de diciembre pasado y realizado en conjunto por el Ministerio de Seguridad de la Nación y los Gobiernos de las Provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, que desgrana en 180 página una serie de afirmaciones y conclusiones sólo basadas en notas periodísticas de los medios más afines a las políticas económicas y de seguridad del Gobierno de la alianza Cambiemos. No existe una sóla prueba judicial de la existencia o actividades producidas por la Resistencia Ancestral Mapuche.

En ese documento auspiciado por Bullrich se indicó: “Se ha realizado un exhaustivo relevamiento de las causas judiciales que tienen como autores a los integrantes del R.A.M/M.A.P. arrojando como resultado desde el año 2010 a la actualidad 96 procesos en trámite, tanto en la Justicia Federal como en la justicia Provincial”. El dato es falso: no existe ni siquiera una presunción de participación de un mapuche —mucho menos de la RAM— en esos hechos. No hay imputados ni procesados en ninguno de los expedientes judiciales que menciona Bullrich.

Además, el asesinato de Rafael Nahuel se produjo un mes y una semana después de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, en un lugar del río Chubut que ya había sido rastrillado y varios metros río arriba de donde desapareció. La circunstancia de su desaparición durante 78 días así como la falta de precisión científica sobre la cantidad de días que el cuerpo estuvo en el río, abonan las sospechas sobre la responsabilidad de Gendarmería y el Estado todo en la producción del hecho y su ocultamiento.

Desde hace poco más de un año y medio se visibilizaron los constantes ataques de las diversas fuerzas estatales —nacionales o policías provinciales— contra las comunidades mapuches que protagonizaron recuperaciones territoriales. Hechos que, en realidad, se repiten desde hace décadas.

Y el lonko de la Comunidad en Resistencia Cushamen, Facundo Jones Huala, espera en prisión que la Corte Suprema de Justicia confirme su extradición a Chile.

Ese el contexto en el cual el cabo primero Francisco Javier Pintos ingresó, junto a otros cinco Albatros, a la comunidad mapuche en Villa Mascardi, y mató a Rafael Nahuel. Lo mató con un arma que cargó la política de seguridad del Gobierno de Mauricio Macri.

Fuente: El Cohete a la Luna.

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